Por mucho que el rey emérito de España, Juan Carlos I, dijera en aquel lejano discurso navideño del 2011, que la justicia es igual para todos, la realidad viene a ser totalmente distinta ya que en este país la justicia aplica sin piedad su ley contra los pobres, en cabio contra los ricos, o la casta política, es mucho más flexible, motivo por el que la mayoría de éstos siempre acaban yéndose de rositas. Os preguntaréis a cuenta de qué viene ahora este comentario. Al respecto puedo deciros que guarda relación a la noticia que apareció a finales de marzo en los medios de comunicación, tanto en su versión de papel como digital, la cual informaba de que dos jóvenes tenían que ingresar en prisión por gastarse 800 euros con una tarjeta robada. Este hecho delictivo trata del 13 de agosto de 2008, o sea que son siete los años que han transcurrido desde aquel día en que engañadas por una persona mayor a la que no conocían, fueron cómplices de gastarse en caprichos personales 800 euros en el Corte Inglés. Al final la tarjeta robada denegó un pago y esta tensa situación hizo que afloraran los nervios de las infractoras, motivo por el que fueron pilladas las tres jóvenes, pero no el individuo que las embaucó y robó la tarjeta, ya que éste se fugó con el "botín". Las tres terminaron en el calabozo. Una de ellas era menor de edad, en cambio las otras dos al tener cumplida la mayoría de edad, acabaron siendo condenadas a 2 años, 4 meses y 16 días de cárcel. Desde su detención hasta hoy día como ya he indicado han transcurrido siete años, y según describen las acusadas, ha resultado un "sin vivir" todo este tiempo. Pues bien, después que hayan pasado todos estos años, la Audiencia de Madrid ha confirmado sus condenas y el Ministerio de Justicia ha denegado su primera solictud de indulto. Por consiguiente, Ainhoa Valdés e Irene García, estos son los nombres de las dos jóvenes que en el momento de cometer el delito eran mayores de edad, si la Audiencia Nacional no les concede el indulto acabarán en prisión. No quiero que nadie me mal interprete creyendo que estoy a favor de que vayan a quedar impunes quienes cometen fechorías de ese tipo. Que nadie se confunda. Lo que yo quiero indicar es que me parece una medida desproporcionada el que después de que hayan transcurrido tantos años de que cometieran esta fechoría, que en mi opinión tal como ocurrió no deja de ser una chiquillada, ahora quieran que ingresen en la cárcel. Y por otra parte, se trataba de su primer delito, por lo cual no tenían antecedente penal alguno. Creo que un eximente muy válido para evitar que entraran en prisión Pero se ve que esta circunstancia no les va a servir de nada.
En mi modesta opinión la forma que tiene de impartir su particular justicia nuestro arbitrario sistema judicial va en contra de favorecer los intereses de estas jóvenes, por lo tanto veo muy complicado el que suspendan la ejecución de sus penas. De ser así, me temo que a estas dos mujeres les van a arruinar sus vidas. ¿No podrían buscar otra alternativa no tan drástica como resulta ser el encierro carcelario? Desde luego que en este caso una condena a trabajos en favor de la Comunidad por el tiempo que es juez imponga resultaría un castigo penal más acorde con el delito cometido. Como ya he comentado, arruinarles literalmente sus vidas es lo que va a suceder de llevarse a cabo tan descomedido castigo penal. Unas vidas que en esos momentos según tengo entendido las tienen encauzadas por el llamado "buen camino", ya que cuentan ambas con un trabajo estable y nunca más han vuelto a delinquir. ¿No les parece que esta circunstancia garantiza el que están suficientemente rehabilitadas para la sociedad, entonces ahora después de tantos años transcurridos desde el delito a que viene la ratificación de sus condenas? Por cierto, una de ellas, concretamente Irene García, es madre de un niño de dos años. Se ve que al sistema judicial no le debe importar en absoluto el inhumado hecho de separar a un niño de corta edad del lado de su madre.
Como ya comento al principio, la ley quienes tienen potestad para hacerlo la aplican sin piedad a los pobres desgraciados de este mal llamado Estado del bienestar sencillamente porque no cuentan con el suficiente dinero para pagar a un gran bufete de abogados que los defienda. Se tienen que conformar con los abogados de oficio. Sospecho que la mayoría de ellos sin mucha implicación con sus defendidos. Simplemente ejercen su labor de funcionario cumpliendo con el expediente y punto. Y por cierto, el que haya salido de forma reciente esta noticia sobre las jóvenes condenadas a ingresar en prisión por utilizar una tarjeta robada para sus gastos personales, la verdad que además de resultarme muy inoportuna, también indignante porque aún está latente entre la opinión pública el caso de las tarjetas Black, de las cuales se valieron unos cuantos individuos con altos cargos políticos, sindicales y financieros para saquear sin escrúpulo alguno a Bankia. ¿No fue éste un flagrante delito también llevado a cabo con unas tarjetas, obviamente no robadas, pero sí el dinero que facturaron con ellas? Y en este infame caso no se trataba sólo de 800 euros gastados en caprichos personales, sino unos cuantos millones de euros gastados de forma colectiva en auténticos lujazos. ¿Acaso alguno de estos malhechores han ingresando en el trullo, cuando resulta obvio que su comportamiento delictivo fue de muchísima mayor gravedad que el de estas jóvenes? Absolutamente nadie ha sido enchironado. Siguen campeando a sus anchas. Y alguno como el ínclito Sr. Rodrigo Rato reincidiendo de nuevo en otra de sus habituales corruptelas. En la última está acusado por el fiscal Anticorrupción de varios delitos que incluye el de fraude, blanqueo y alzamiento de bienes. Pero no creo que consigan enchironarle porque cuenta con el dinero suficiente para costearse un bufete de abogados con pedigrí que le defienda. Y si a esto le añadimos la protección con que cuenta de los poderes del Estado que controlan las actuaciones judiciales, sospecho que otra vez se irá de rositas este delincuente "de guante blanco". Lamentablemente este hecho, además de acreditar la veracidad del comentario que hago como introducción a este escrito, también deja bien claro como funciona este nuestro sistema judicial tan institucionalizado y controlado por los políticos del poder muchos de ellos corruptos, que hacen y deshacen las leyes según les convenga.
En mi modesta opinión la forma que tiene de impartir su particular justicia nuestro arbitrario sistema judicial va en contra de favorecer los intereses de estas jóvenes, por lo tanto veo muy complicado el que suspendan la ejecución de sus penas. De ser así, me temo que a estas dos mujeres les van a arruinar sus vidas. ¿No podrían buscar otra alternativa no tan drástica como resulta ser el encierro carcelario? Desde luego que en este caso una condena a trabajos en favor de la Comunidad por el tiempo que es juez imponga resultaría un castigo penal más acorde con el delito cometido. Como ya he comentado, arruinarles literalmente sus vidas es lo que va a suceder de llevarse a cabo tan descomedido castigo penal. Unas vidas que en esos momentos según tengo entendido las tienen encauzadas por el llamado "buen camino", ya que cuentan ambas con un trabajo estable y nunca más han vuelto a delinquir. ¿No les parece que esta circunstancia garantiza el que están suficientemente rehabilitadas para la sociedad, entonces ahora después de tantos años transcurridos desde el delito a que viene la ratificación de sus condenas? Por cierto, una de ellas, concretamente Irene García, es madre de un niño de dos años. Se ve que al sistema judicial no le debe importar en absoluto el inhumado hecho de separar a un niño de corta edad del lado de su madre.
Como ya comento al principio, la ley quienes tienen potestad para hacerlo la aplican sin piedad a los pobres desgraciados de este mal llamado Estado del bienestar sencillamente porque no cuentan con el suficiente dinero para pagar a un gran bufete de abogados que los defienda. Se tienen que conformar con los abogados de oficio. Sospecho que la mayoría de ellos sin mucha implicación con sus defendidos. Simplemente ejercen su labor de funcionario cumpliendo con el expediente y punto. Y por cierto, el que haya salido de forma reciente esta noticia sobre las jóvenes condenadas a ingresar en prisión por utilizar una tarjeta robada para sus gastos personales, la verdad que además de resultarme muy inoportuna, también indignante porque aún está latente entre la opinión pública el caso de las tarjetas Black, de las cuales se valieron unos cuantos individuos con altos cargos políticos, sindicales y financieros para saquear sin escrúpulo alguno a Bankia. ¿No fue éste un flagrante delito también llevado a cabo con unas tarjetas, obviamente no robadas, pero sí el dinero que facturaron con ellas? Y en este infame caso no se trataba sólo de 800 euros gastados en caprichos personales, sino unos cuantos millones de euros gastados de forma colectiva en auténticos lujazos. ¿Acaso alguno de estos malhechores han ingresando en el trullo, cuando resulta obvio que su comportamiento delictivo fue de muchísima mayor gravedad que el de estas jóvenes? Absolutamente nadie ha sido enchironado. Siguen campeando a sus anchas. Y alguno como el ínclito Sr. Rodrigo Rato reincidiendo de nuevo en otra de sus habituales corruptelas. En la última está acusado por el fiscal Anticorrupción de varios delitos que incluye el de fraude, blanqueo y alzamiento de bienes. Pero no creo que consigan enchironarle porque cuenta con el dinero suficiente para costearse un bufete de abogados con pedigrí que le defienda. Y si a esto le añadimos la protección con que cuenta de los poderes del Estado que controlan las actuaciones judiciales, sospecho que otra vez se irá de rositas este delincuente "de guante blanco". Lamentablemente este hecho, además de acreditar la veracidad del comentario que hago como introducción a este escrito, también deja bien claro como funciona este nuestro sistema judicial tan institucionalizado y controlado por los políticos del poder muchos de ellos corruptos, que hacen y deshacen las leyes según les convenga.
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